Interpretación de la Ley 9041 establece la tasa de interés moratorio para obligaciones de dar dinero
Ley 9041 - Tasa de interés - Obligaciones dinerarias - Reclamo Judicial
La Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil rechazó el recurso de apelación deducido en contra de la resolución del Juzgado de Paz Letrado de Lujan de Cuyo y confirma la liquidación efectuada en el auto interlocutorio al resolver la liquidación, mediante la evolución mensual del índice o coeficiente distinta a la fórmula que fue aplicada indiscriminadamente desde la vigencia de la Ley 9041. El art. 1° de la Ley 9041 en la parte pertinente y relevante para el caso, establece: “… De conformidad con lo establecido en el artículo 768° del Código Civil y Comercial de la Nación, la presente ley tiene por objeto establecer la tasa de interés moratorio para las obligaciones de dar dinero. A falta de acuerdo entre las partes o ausencia de otra ley especial aplicable al caso, las obligaciones de dar dinero tendrán una tasa de interés moratorio . equivalente . a la evolución de la serie de la Unidad de Valor Adquisitivo (U.V.A.) que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la que por decisión judicial fundada en las especiales circunstancias del caso, se podrá reconocer un adicional de hasta el cinco por ciento (5 %) anual, desde la fecha de la mora y hasta el efectivo pago …”. Sobre la base del dictamen técnico contable del Cuerpo Médico Forense concluye que: “A partir de esta interpretación literal, y conforme con lo resaltado en el art. 1º transcripto, lo que pretende establecer esta Ley 9.041 es una tasa de interés (moratorio), y NO un índice de actualización”. “A partir de su entrada en vigor, la Ley 9041 provocó en la práctica un desfasaje causado por una formulación práctica o expresión matemática que no se compadecía con la ley, a través de la aplicación de una “fórmula” que ha pretendido constituir una expresión matemática cabal de la norma, motivada seguramente en su sencillez, para obtener la tasa de interés de la ley 9.041, sin advertir la desproporción resultante”. Se señala en el resolutivo que “En igual sentido el Dr. Claudio Tejada, en una Nota de Opinión sobre el tema expresó: “La realidad desde su sanción llega a resultados exagerados. Desde la vigencia de la ley 9.041 hasta el 31/12/2020, es decir en tres años, se alcanza un valor de tasa de interés del 204% durante ese intervalo, lo que repercute además en intereses que cargan los accesorios legales pertinente s (honorarios, intereses sobre honorarios, honorarios complementarios, costas, etc.) – (Revista del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial Mendoza Legal # Revista del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial Mendoza issn 27187667 / www.mendozalegal.com / contacto@mendozalegal.com, marzo de 2021, Interés legal: apuntes sobre la Ley Provincial 9.041)". Además, “… debe señalarse entonces que, en cuanto se trata de una tasa de interés la correcta interpretación de la ley 9041, la aplicación del mismo a los intereses importaría una capitalización prohibida por el art. 770 del CCCN, por lo cual el recurso debe ser desestimado". “Por último, corresponde agregar que no debe olvidarse que el título aquí reclamado en la presente causa es un pagaré de consumo y que en consecuencia tiene a su favor la protección de la ley consumeril. Así se ha dicho: “En caso de que se pretenda ejecutar un pagaré de consumo, el mismo debe ser analizado conforme la Ley de Defensa del Consumidor, cuya aplicación resulta de orden público y la relación de consumo que subyace en el título de crédito…”.
Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil. Primera Circunscripción de Mendoza.
Montemar Compañía Financiera SA c/ Castro Alejandro Fabián p/ CPC anterior – ejecución acelerada (cambiaria)
http://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=9010286402
Aporte de pruebas en un proceso judicial mediante enlace de Google Drive
Aporte de pruebas digitales en la nube en proceso judicial.
En un proceso judicial laboral en Bariloche, una de las partes presentó evidencia a través de un enlace a Google Drive. La Cámara convalidó la prueba para los audios y videos almacenados en la nube, pero no aceptó aquella que debía ser subida en PDF: textos y fotografías. La demandada planteó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro (STJ) habilitó un plazo de 72 horas para que la parte demandada en un juicio laboral, que había presentado parte de la prueba documental en una carpeta de Google Drive, adecuara los soportes digitales a la normativa vigente. El STJ indicó que en el actual contexto de creciente digitalización y de cambios vertiginosos a partir de la pandemia, los servidores externos pueden utilizarse. En este marco, con el fin de dar primacía al derecho de defensa en juicio, que goza de la mayor protección constitucional, en un contexto de transición hacia un nuevo modelo de gestión judicial, corresponde revocar la Resolución recurrida.
Secretaria Laboral y Contencioso Administrativo STJ Nº3. Poder Judicial Provincia de Rio Negro
Secretaria Laboral y Contencioso Administrativo STJ Nº3
https://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/comunicacionjudicial/index.php/noticias/item/4233-fallo-del-stj-se-puede-aportar-prueba-en-un-proceso-judicial-usando-google-drive
Validez de la notificación de carta documento devuelta por el correo con la leyenda “cerrado con aviso”
Cuando la carta documento es devuelta por el correo con la atestación “cerrado con aviso”, debe admitirse la validez de la notificación. Los jueces rechazaron aplicar en el caso la presunción ante el silencio prevista en el artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo. “Nótese que, si bien es cierto que la misiva no llegó a la esfera de conocimiento de la accionante, ello se debió exclusivamente a la culpa de la propia destinataria quien no fue a retirarla”. Conforme indica la Cámara, el carácter recepticio de la denuncia del contrato de trabajo no exige que necesariamente el destinatario tenga conocimiento efectivo de la comunicación, sino que es suficiente para ello que el mensaje hubiere podido llegar a destino si aquél hubiera obrado con la diligencia necesaria a esos fines, y que, con el aviso de correo, el trabajador “debe presentarse en las oficinas de éste y retirar la pieza postal”.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala VII, Poder Judicial de la Nación.
C., L. Del C. C/ Hair System S.A. S/ Despido
Autorización estatal para autocultivar cannabis, elaborar y suministrar aceites caseros con fines medicinales
Derecho a la Salud -Medicamentos - Reglamentación de los Derechos -Planteo de inconstitucionalidad -Aceite de cannabis - Pronunciamiento inoficioso -Constitución Nacional - Decreto 883/2020
La Asociación Civil Macame y sus representantes, por derecho propio y en representación de sus hijos menores de edad, iniciaron una acción de amparo contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 7° de la ley 27.350, en cuanto –a su entender– condiciona el acceso gratuito al aceite de cannabis y sus derivados a la inscripción en un programa estatal de investigación experimental. A su vez, solicitaron la declaración de inconstitucionalidad del artículo 5° –incisos a, e y dos últimos párrafos– y del artículo 14 –segundo párrafo– de la ley 23.737, así como de toda otra norma que prohibiera el autocultivo para consumo medicinal de los menores de edad a su cargo. Ante el rechazo de la acción en primera y segunda instancia recurrieron a la Corte que, finalmente, confirmó la sentencia de cámara. En primer lugar, señaló que el dictado de nuevas normas posteriores al planteo había convertido en inoficioso pronunciarse sobre la primera de las cuestiones. En cambio, quedaba pendiente de decisión si el ámbito de autonomía individual que protege el artículo 19 de la Constitución Nacional impide al Estado Nacional controlar y autorizar el autocultivo de cannabis con fines medicinales. El Tribunal señaló que la autoridad del Estado para controlar en general a los productos usados con fines medicinales se justifica en el propósito de asegurar que sean efectivamente administrados en un tratamiento médico en el que se evalúe el riesgo o consecuencias adversas que pueden generar para la salud, y agregó que la Constitución Nacional no solo permite, sino que obliga a las autoridades públicas a adoptar medidas y políticas tendientes a proteger la salud de la población. Por otra parte, tuvo en cuenta que los beneficios y la eficacia del tratamiento cannábico no significan que esté exento de riesgos o de efectos adversos. Concluyó que la necesidad del Estado de articular dos potestades -permitir el uso medicinal del cannabis y perseguir el tráfico ilícito de estupefacientes- justifica el control estatal del autocultivo medicinal, y que las razones de salud y seguridad públicas involucradas resultan suficientes para justificar que se expidan autorizaciones administrativas para ello. La Corte consideró que las medidas de control estatal constituyen una injerencia mínima que, lejos de proscribir el autocultivo con fines medicinales, lo someten a una regulación que se limita a asegurar cierta supervisión por parte del Estado y aclaró que lo decidido resultaba compatible con lo decidido en “Arriola” (Fallos: 332:1963) en tanto dicho precedente no inhibe la posibilidad de que el Estado ejerza un control administrativo sobre el cultivo de cannabis.
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina
Secretaria de Jurisprudencia.Corte Suprema de Justicia de la Nación
Boletín de Jurisprudencia Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza Nº 13 Octubre – Noviembre – Diciembre 2021
Contiene sumarios de jurisprudencia Civil, Penal y Previsión Social de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza
Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza
Secretaria de Jurisprudencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza
Boletín de Jurisprudencia Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza Nº 14 Enero – Febrero – Marzo 2022
Secretaria de Jurisprudencia Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza
Mobbing laboral. Reclamo de indemnización
Mobbing laboral - Daño moral - indemnización
En este fallo contra una cadena de comida rápida se trata la violencia laboral que ejerció una gerente en contra de una empleada después de ser madre, quien de entrenar ingresantes pasó a limpiar pisos y baños, porque querían pasarla el turno noche y le decían “que no servía para otra cosa”. La empleada realizaba labores rotativas en la cocina, caja y cafetería. Durante años entrenó empleados ingresantes. Todo cambió desde que llegó una nueva gerente y la trabajadora fue madre. Desde entonces empezó a ser hostigada, lo que la llevó a someterse a tratamiento psicológico por diagnóstico de estrés laboral, angustia y somatización. Le dieron licencia y cuando volvió siguió sufriendo mobbing. Por ello, demandó a su empleador quien deberá indemnizarla, en tanto resultó ajustada a derecho la posición asumida por la trabajadora, en el sentido de que resultaba imposible continuar con su relación laboral y, en consecuencia, debía denunciar la misma atento la gravedad de la injuria padecida. El objetivo del mobbing es amedrentar, excluir, apocar, reducir, minimizar, someter, consumir intelectual y espiritualmente a la víctima. Se aprovecha del hostigado, quien normalmente prefiere callar y conservar su trabajo, soportando el acoso a expensas de su salud.
Notifican a una mujer en quechua y lectura fácil para informar que su hija será dada en adopción
Adopción - Madre biológica - Notificación - Quechua - Lectura fácil
El Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familia y de Género y Penal Juvenil de la ciudad de Bell Ville dispuso que una mujer sea notificada en quechua de la sentencia que declara a su hija biológica -de ocho años de edad- en condiciones de ser adoptada. Para ello, el tribunal y la defensa redactaron párrafos de lectura fácil, que fueron traducidos por intérpretes del Instituto de Educación Superior de Culturas Aborígenes de Córdoba. La notificación se llevó a cabo durante una audiencia presencial que tuvo lugar en la sede del juzgado. Asistieron la mujer, que solo habla y entiende quechua, su hermano (bilingüe), la jueza y la asesora. Durante ese encuentro, la magistrada le hizo escuchar un audio en su lengua materna. Por medio del texto se explicó a la mujer que si no estaba de acuerdo con la decisión judicial podía recurrirla. Cuando finalizó el audio, la mujer expresó, a través de su hermano, que había entendido el texto que escuchó y que estaba de acuerdo con la decisión de la jueza Azcona. El acta de la audiencia fue suscripta a través de la impresión dígito pulgar, puesto que la mujer no sabía firmar. También se hizo entrega del texto en quechua en formato papel. En el acta, la magistrada señaló que en los procedimientos judiciales en los que participen personas en condición de vulnerabilidad “deben respetarse sus creencias, su cultura, su idioma y su tierra”. También enfatizó que, conforme a las Reglas de Brasilia, la madre biológica de la niña presentaba múltiples situaciones de vulnerabilidad, lo cual constituye el concepto de interseccionalidad: es mujer, analfabeta, no habla español, no tiene ingresos propios y pertenece a comunidades indígenas. En la actualidad, su hija vive con una familia que, desde hace cinco años, se encarga de llevarla a todas las terapias y tratamientos que necesita para alcanzar el desarrollo acorde a su edad. A lo largo de los años, ha generado un vínculo afectivo con sus guardadores y ya identifica ese domicilio como su hogar.
Causa: S. V., M. J. (N-K) – Control de legalidad (Ley 9944 - Art. 56). Fecha: 10 de mayo de 2022. Resolución: Protocolo de Actas. Resolución n.° 71.
Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familia y de Género y Penal Juvenil de la ciudad de Bell Ville Córdoba
Restitución internacional de niños: interpretación restrictiva de la excepción de grave riesgo físico o psíquico
Restitución Internacional de Menores – Violencia Domestica - Violencia de género – Convenio de la Haya 1980 – Carga de la Prueba
El padre de una niña que tiene residencia habitual en México pidió su restitución internacional ante la retención ilícita por parte de su madre en nuestro país. La cuestión a decidir por la Corte radicaba en determinar si se configuraba la excepción de grave riesgo como fundamento para no restituir a la niña como lo había resuelto el superior tribunal provincial. El Tribunal, por unanimidad, revocó la sentencia impugnada y ordenó la inmediata restitución de la niña. Recordó para ello que el Convenio de La Haya de 1980 sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores determina como principio la inmediata restitución de los menores al país de su residencia habitual y que, en consecuencia, las excepciones a dicha obligación son de carácter taxativo y deben ser interpretadas de manera restrictiva. Concluyó la Corte que una valoración conjunta del material aportado a la causa conducía a no tener configurada la causal de grave riesgo para el retorno de la niña a su país de residencia habitual ya que no existían elementos de entidad suficiente que tornaran procedente dicha excepción. Agregó que no se advertían indicadores negativos en la relación paterno-filial que pusieran de manifiesto una seria alteración de dicho vínculo y que las constancias de la causa no permitían tampoco convalidar la conclusión referida a la ausencia de medidas de protección efectivas por parte de México que desautorizaran el regreso de madre e hija a dicho país. Al admitir la demanda, la Corte ordenó la inmediata restitución de la niña junto con el cumplimiento de una serie de medidas tendientes a garantizar y lograr su retorno y, dado que el interés superior del niño debe constituir la preocupación fundamental de los progenitores, los exhortó a fin de que obren con mesura en el ejercicio de sus derechos, que cooperen en la etapa de ejecución de sentencia y que se abstengan de exponer públicamente hechos o circunstancias de la vida de la niña a fin de resguardar su derecho a la intimidad.
P. S., M. c/ S. M., M. V. s/ restitución internacional de menores de edad - expte. n° 9193105. CSJN
Secretaria de Jurisprudencia. Corte Suprema de Justicia de la Nación
Notas de jurisprudencia sobre "Verdad jurídica objetiva"(Con hipervínculos a la base online)
Verdad jurídica objetiva - Procedimiento penal - Proceso civil - Seguridad social - Derecho laboral - Administrativo - Juicio ejecutivo - Liquidación de sentencia - Honorarios
VERDAD JURÍDICA OBJETIVA. Principios generales. Proceso civil. Seguridad social. Derecho laboral. Materia administrativa. Interpretación de leyes impositivas. Código Electoral Nacional. Materia probatoria. Juicios ejecutivos. Liquidación de sentencia. Honorarios.
Secretaria de Jurisprudencia – Corte Suprema de Justicia de la Nación