Facultades discrecionales y oportunidad, mérito o conveniencia. Dos caras de la misma moneda.
Las facultades del funcionario público para la toma de decisiones, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, presentan ciertas aristas que es menester poder diferenciar, ya que las mismas hacen a la razonabilidad de la acción de gobierno y a la proporcionalidad en la toma de decisiones. Las facultades del funcionario público sobre cómo abordar la toma de decisiones en la administración pública, sea antes de la elaboración del acto administrativo o con posterioridad al mismo y su eventual revisión judicial, es el tema que se analiza desde la doctrina y los antecedentes jurisprudenciales a nivel provincial. Según sea la etapa (previa o posterior) serán distintos los métodos para examinar una decisión administrativa y así también el control judicial, en su análisis, variará dependiendo del punto de partida. Es deber de los operadores jurídicos distinguir estas dos grandes etapas, ya que muchos doctrinarios a lo largo de la historia, e incluso en fallos jurisprudenciales como el caso “Scarpa”, confunden dichos conceptos a tal punto de interpretarlos como cuestiones inescindibles. Se concluye con un análisis de razonabilidad, el cual debe estar plasmado en el acto administrativo y debidamente motivado, ya que ello hace a la transparencia del sistema republicano y a la correspondiente rendición de cuentas que debe realizar todo funcionario en el marco de la Administración Pública frente al ciudadano.
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