Archivo por inexistencia de delito – Rechazo a la solicitud de legitimación activa – Revocación
Grupo de aproximadamente cinco mil manifestantes que portando banderas de distintas agrupaciones interrumpieron en forma total el tránsito vehicular, impidiendo la circulación de tres mil servicios de diecinueve líneas de colectivos y afectando a alrededor de setenta y cinco mil usuarios. La pretensión de querellar que debe ser analizada a la luz de la hipótesis del delito denunciado (art. 194 del CP.). Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que podría resultar particularmente ofendido en los términos del art. 82 del CPPN. Elementos colectados que no permiten zanjar el asunto con certeza. Necesidad de ponderar los intereses que, al menos presuntamente, se hallan en colisión en el caso. Vocal Pinto: necesidad de realizar la investigación para analizar la hipótesis planteada y determinar si se encuentran presentes los elementos del tipo penal del art. 194 del CP. Situación en donde se da una tensión constitucional entre la libertad de expresión de los manifestantes a través de la protesta (arts. 75, inc. 22, de la CN., 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 17 de la CN.) y el derecho a la libertad personal de transitar (art. 14 de la CN.) y en la que corresponde, ante la ausencia de violencia, dar prioridad a las expresiones públicas de la ciudadanía y tolerarlas en honor a la libertad de expresión. - Disidencia parcial Vocal Lucini: archivo prematuro. Descripción de los hechos que impide descartar, de plano, la figura contemplada en el ar. 194 del CP. Tipo penal que no requiere la creación de una situación de peligro común. Figura que se satisface, no sólo con el impedimento del funcionamiento del transporte, sino también con el estorbo o entorpecimiento. Necesidad de profundizar la investigación para determinar el alcance y modalidad en la que se desarrolló la protesta. Pretenso querellante que corresponde que sea legitimado toda vez que podría resultar particularmente ofendido en los términos del art. 82 del CPPN. Revocación y legitimación del pretenso querellante.
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL – SALA VI
N.N. s/archivo por inexistencia de delito” (Causa Nº 8.579/2019) Rta. 28/10/2020.
Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca
Articulo 19 Constitución Nacional: Intimidad, Privacidad, Autodeterminación
Art.19 CN – Derecho a la Privacidad – Derecho a la Intimidad – Derecho a la Autodeterminación – Tenencia de estupefacientes para uso personal – Derecho a casarse – Muerte digna – Transfusión de sangre –Tratamiento médico - Vacunación obligatoria - Extracción de sangre - Derecho a la identidad - Gestación subrogada - Fertilización asistida post mortem - Libertad personal - Libertad de prensa – Imágenes – Fotografías – Hombre público – Cadáver - Divulgación de información lesiva - Vida familiar - Derecho al olvido – Habeas data - Obligación de usar el cinturón de seguridad
Pocas constituciones han comprendido con tanto acierto la libertad personal como la nuestra, cuyo artículo 19 contiene todos los aspectos del principio: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.” El art. 19 de la Constitución Nacional resulta ser una pieza de esencial importancia en la configuración del sistema de las libertades individuales que caracteriza a nuestro orden jurídico. El, evidentemente, no se limita a la garantía de la privacidad de los individuos -ya establecida en el art. 18 de la Constitución Nacional- sino que consagra un esquema de ordenada libertad, es decir, el eje sobre el que gira un sistema de libertad personal, más allá de la garantía de la mera privacidad. El art. 19 no es sino una versión -peculiarmente argentina, pues se debe a la pluma del primer rector de la Universidad de Buenos Aires, el presbítero Antonio Sáenz (ver Sampay, "La filosofía jurídica del art. 19 de la Constitución Nacional" cit., p. 12 y ss.)-del art. 5 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Versión que presenta una notoria pátina escolástica debida al pensamiento de su autor. La base de tal norma es la base misma de la libertad moderna, o sea, la autonomía de la conciencia y la voluntad personal, la convicción según la cual es exigencia elemental de la ética que los actos dignos de mérito se realicen fundados en la libre, incoacta creencia del sujeto en los valores que lo determinan. Nota: En el presente trabajo no se abordará el vínculo entre el art. 19 de la Constitución Nacional y el principio de no dañar
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Asuntos ambientales. Acuerdo regional sobre acceso a la información
Atribuciones del juez concursal en la posmodernidad
Derecho Concursal - Juez concursal - Insolvencia
Ponencia presentada para el XI Congreso Argentino de Derecho Concursal y IX Congreso Iberoamericano sobre insolvencia Universidad Nacional del Sur Bahía Blanca 18 al 22 de octubre de 2021
Audio Consejos de la Organización Panamericana de la Saud para la Covid-19
Consejos grabados para ayudar a sobrellevar la pandemia de Covid-19
Automóviles, emisiones, ciclos: ¿cuánto contaminan nuestros autos?
Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera circunscripción Judicial - Mendoza
Qellqasqa Editorial
Autorización estatal para autocultivar cannabis, elaborar y suministrar aceites caseros con fines medicinales
Derecho a la Salud -Medicamentos - Reglamentación de los Derechos -Planteo de inconstitucionalidad -Aceite de cannabis - Pronunciamiento inoficioso -Constitución Nacional - Decreto 883/2020
La Asociación Civil Macame y sus representantes, por derecho propio y en representación de sus hijos menores de edad, iniciaron una acción de amparo contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 7° de la ley 27.350, en cuanto –a su entender– condiciona el acceso gratuito al aceite de cannabis y sus derivados a la inscripción en un programa estatal de investigación experimental. A su vez, solicitaron la declaración de inconstitucionalidad del artículo 5° –incisos a, e y dos últimos párrafos– y del artículo 14 –segundo párrafo– de la ley 23.737, así como de toda otra norma que prohibiera el autocultivo para consumo medicinal de los menores de edad a su cargo. Ante el rechazo de la acción en primera y segunda instancia recurrieron a la Corte que, finalmente, confirmó la sentencia de cámara. En primer lugar, señaló que el dictado de nuevas normas posteriores al planteo había convertido en inoficioso pronunciarse sobre la primera de las cuestiones. En cambio, quedaba pendiente de decisión si el ámbito de autonomía individual que protege el artículo 19 de la Constitución Nacional impide al Estado Nacional controlar y autorizar el autocultivo de cannabis con fines medicinales. El Tribunal señaló que la autoridad del Estado para controlar en general a los productos usados con fines medicinales se justifica en el propósito de asegurar que sean efectivamente administrados en un tratamiento médico en el que se evalúe el riesgo o consecuencias adversas que pueden generar para la salud, y agregó que la Constitución Nacional no solo permite, sino que obliga a las autoridades públicas a adoptar medidas y políticas tendientes a proteger la salud de la población. Por otra parte, tuvo en cuenta que los beneficios y la eficacia del tratamiento cannábico no significan que esté exento de riesgos o de efectos adversos. Concluyó que la necesidad del Estado de articular dos potestades -permitir el uso medicinal del cannabis y perseguir el tráfico ilícito de estupefacientes- justifica el control estatal del autocultivo medicinal, y que las razones de salud y seguridad públicas involucradas resultan suficientes para justificar que se expidan autorizaciones administrativas para ello. La Corte consideró que las medidas de control estatal constituyen una injerencia mínima que, lejos de proscribir el autocultivo con fines medicinales, lo someten a una regulación que se limita a asegurar cierta supervisión por parte del Estado y aclaró que lo decidido resultaba compatible con lo decidido en “Arriola” (Fallos: 332:1963) en tanto dicho precedente no inhibe la posibilidad de que el Estado ejerza un control administrativo sobre el cultivo de cannabis.
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina
Secretaria de Jurisprudencia.Corte Suprema de Justicia de la Nación
Biodiversidad. Pérdidas por la actividad humana
Boletin de Jurisprudencia Primer Semestre 2020
Selección de los sumarios . Consta de un índice de voces y posee 259 páginas
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
Boletín de Jurisprudencia – 1er semestre 2022
Derecho Penal - Jurisprudencia Penal - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Boletín de Jurisprudencia confeccionado por Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional en base a la selección de los sumarios que se encuentran cargados en nuestra base. Consta de un índice de voces y posee 292 páginas.
Valeria Rebagliati Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
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