Compra de automotor importado. Incumplimiento contractual
Compraventa Automotor – Auto importado – Incumplimiento contractual - Responsabilidad de la concesionaria - Conexidad - Deber de colaboración - Actitud obstruccionista.
El juez de primera instancia desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por BMW Argentina S.A. y rechazó también la demanda de cumplimiento de contrato promovida por el actor contra Rhein Motor S.A. y BMW Argentina S.A. Afirmó que la actora no probó la autenticidad de la totalidad de los correos electrónicos que adjuntó a la vez que tampoco acompañó la “oferta de compra de vehículo” que dijo haber adjuntado con su demanda. El actor apeló y la Cámara hizo lugar parcialmente al recurso de la parte actora. Revocó la sentencia de primera instancia y resolvió hacer lugar parcialmente- a la demanda promovida por A. F. I. contra Rhein Motor S.A. y contra BMW de Argentina S.A., condenando a estas últimas en forma solidaria a entregar a la actora el vehículo del año correspondiente a la fecha en que se verifique el cumplimiento; abonar a la actora un equivalente en pesos en concepto de daño moral y abonar a la actora, cada una de las codemandadas, en concepto de daño punitivo (art. 52 bis de la Ley 24.240), equivalente en pesos de 5,9 (cinco coma nueve) canastas básicas totales hogar 3 según el último valor informado por el INDEC a la fecha en que se liquide el crédito. El actor apelo. La cámara hizo lugar parcialmente al recurso de la parte actora, Revoco la sentencia de primera instancia y resolvió hacer lugar parcialmente- a la demanda promovida por A. F. I. contra Rhein Motor S.A. y contra BMW de Argentina S.A., condenando a estas últimas en forma solidaria a: entregar a la actora vehículo del año correspondiente a la fecha en que se verifique el cumplimiento; abonar a la actora el equivalente en pesos a la suma de…….en concepto de daño moral y abonar a la actora, cada una de las codemandadas, en concepto de daño punitivo (art. 52 bis de la Ley 24.240), equivalente en pesos de 5,9 (cinco coma nueve) canastas básicas totales hogar 3 según el último valor informado por el INDEC a la fecha en que se liquide el crédito
Cámara Civil y Comercial Sala II Mar del Plata
Ianni, Ariel Fernando C/BMW Argentina S.A. y otro /A S/ cumplimiento de contratos civiles y comerciales
(SCBA) Suprema Corte Provincia de Buenos Aires
RIGI: ¿cambio de paradigma en la minería argentina?
Derecho Minero, RIGI, minería, régimen de incentivo, estabilidad, seguridad jurídica.
En este artículo se introduce en las particulares de la actividad minera y se examinan las principales características de la normativa argentina en materia de regulación de incentivos en la actividad minera. Además, se realiza un análisis crítico de los motivos que originaron la sanción del nuevo Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). En particular, la autora aborda el análisis de la temática en la provincia de Mendoza. Concluye en que “es momento de capitalizar las enseñanzas que dejaron, éstas tres décadas desde la entrada en vigor de la Ley 24.196, y asumir que Argentina necesita otorgar beneficios superadores como los establecidos en la ley RIGI, para así poder colocar en situación de igualdad real a la industria de la minería con el resto de las industrias, es decir una igualdad ante igualdad de condiciones”.
Acción de amparo: competencia y vías de hecho
Derecho Administrativo, facultades discrecionales, oportunidad, mérito, conveniencia, funcionario público.
En este artículo se analiza la limitada competencia de los jueces civiles para resolver acciones de amparo frente a actos ilegítimos y arbitrarios de la administración. Además, se revisa la legislación vigente para determinar el tribunal que el legislador ha considerado más adecuado para tramitar la mayoría de los casos contra la administración, dada su especialización técnica en la materia. Finalmente, con el objetivo de preservar la naturaleza de la acción de amparo sin vaciar su contenido, se propone una solución basada en nuestro orden jerárquico normativo, que no requiera modificaciones legislativas ni constitucionales.
Cobertura de prestaciones para un niño con discapacidad
Sentencia arbitraria - Acción de Amparo – Discapacidad –Obra social - Cobertura escuela especial - Acompañamiento terapéutico – Derecho a la Salud – Falta de fundamentación
El Juez de Primera Instancia hizo lugar a la acción de amparo iniciada por la madre de un niño con discapacidad y condenó a la entidad demandada a brindarle la cobertura de la prestación “acompañamiento terapéutico extraescolar domiciliario”. Sin embargo, denegó la cobertura de las cuotas mensuales de la escuela especial a la que concurría el hijo de la actora. Ambas partes promovieron recursos de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca rechazó el articulado por la peticionaria, hizo lugar al deducido por la demandada, revocó el pronunciamiento y desestimó la pretensión. El tribunal aseveró que no se hallaba justificada la inasistencia de la actora a la evaluación del equipo interdisciplinario convocada por la entidad para determinar cuál era la necesidad prestacional del niño. Entendió que dicha evaluación resultaba “sumamente necesaria” para aclarar las prescripciones médicas y para cumplir con el requisito previsto en el art. 11 de la ley 24.901. Indicó que esa evaluación había sido requerida por la enjuiciada al iniciarse el intercambio epistolar y que, una vez fijada la fecha -27 de octubre de 2020-, la madre del niño había comunicado que no asistiría debido a la emergencia sanitaria por temor a que se contagiara, pese a que se le había informado que contaba con los protocolos correspondientes. En función de ello, consideró que debía rechazarse la acción, pues se había basado en una supuesta negativa de la mutual que no era tal. Contra esa decisión el Fiscal General ante la cámara interpuso el recurso extraordinario que fue concedido y sostenido por el Procurador Fiscal ante esta Corte. Argumenta que el tribunal de alzada efectuó una incorrecta interpretación de las normas federales que tutelan los derechos a la salud, a la educación y a la rehabilitación de las personas con discapacidad que resultan aplicables al asunto. Asimismo, invoca la doctrina de esta Corte en materia de sentencias arbitrarias, en tanto afirma que la decisión carece de adecuada fundamentación y se aparta manifiestamente de las circunstancias de la causa y de las normas referidas. La Corte dejó sin efecto esta sentencia por considerarla arbitraria. Expresó que la Cámara sustentó su decisión en lo dispuesto en un tramo de la mencionada resolución en lugar de efectuar un examen integral del dispositivo normativo. Más aún, cuando la evaluación referida tenía por finalidad asegurar a la persona con discapacidad servicios accesibles, suficientes y oportunos; a la par que con la acción se procuraba la tutela de los derechos a la salud y a la educación de un niño con discapacidad en una situación de particular vulnerabilidad, dado el contexto sanitario adverso generado por la pandemia por la COVID 19. Resaltó además que no constituía un dato menor que para la fecha de la entrevista fijada regía aun el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Por todos los defectos en los que incurrió el tribunal de alzada, que afectan de modo directo e inmediato la garantía constitucional de defensa en juicio que asiste a la demandante, justifican la invalidación del pronunciamiento para que la pretensión de esta sea nuevamente considerada y decidida mediante un fallo constitucionalmente sostenible.
V., V. c/ Mutual Federada 25 de Junio - Federada Salud s/prestaciones médicas
Prescripción adquisitiva: legitimación procesal
Sentencia arbitraria - Prescripción adquisitiva - Defensa en juicio – Omisión en el pronunciamiento – Legitimación – Recurso de Casación
En el marco de una causa donde se admitió la demanda de prescripción adquisitiva por la posesión de un inmueble por más de treinta años se negó legitimación a quienes se opusieron a la información posesoria argumentando que el terreno que se pretendía usucapir pertenecía a la sucesión de sus padres. Se fundó este rechazo en la extemporaneidad de la oposición referida. La Corte declaró procedente la queja, admisible el recurso extraordinario y dejó sin efecto la decisión apelada. Sostuvo que, aun cuando los recurrentes hubiesen contestado la demanda de forma extemporánea, no podía soslayarse que se les había otorgado participación en el proceso como herederos de una titular registral fallecida, por lo que, contrariamente a lo decidido, se encontraban debidamente legitimados para acudir a una etapa recursiva tendiente a hacer valer sus derechos de defensa en juicio, debido proceso, propiedad e igualdad ante la ley, que se invocaban vulnerados.
Moreno, Ramón Roberto s/información posesoria
Abogado - Responsabilidad Profesional - Daños y Perjuicios – Accidente de tránsito - Perdida de chance - Errores - Tramitación del juicio - Negligencia inexcusable - Desconocimiento de reglas procesales,
La responsabilidad del abogado constituye un capítulo dentro del vasto espectro de la responsabilidad civil en general; de allí que su configuración requiera la concurrencia de los mismos presupuestos que son comunes a todo evento dañoso, cualquiera sea su fuente: hecho ilícito o incumplimiento contractual (daño, nexo causal, factor de atribución e ilicitud). Después de rechazar las excepciones de prescripción y falta de legitimación, se hizo lugar a la demanda por responsabilidad profesional y condenó a una abogada al pago indemnización. Se tuvo por demostrado que la demandada no había justificado la demora en la tramitación de un juicio por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito sufrido por el actor que había culminado por caducidad de la instancia. Se ha sostenido que no cabe admitir que el abogado, aunque no hubiese asumido el carácter de apoderado, pueda desentenderse totalmente de la ulterior marcha del litigio, prescindiendo de tomar contacto directo con las actuaciones judiciales y que la circunstancia de que no se haya conferido mandato al abogado no excluye su responsabilidad por los errores cometidos durante la tramitación del juicio, si ellos manifiestan una negligencia inexcusable o un desconocimiento injustificado de las reglas procesales, tales como, precisamente, cuando por inacción se decreta la perención de la instancia, ya que esta demuestra que se resignaron los deberes de vigilancia, atención, cuidado, conocimiento de la marcha del proceso y, como la parte es en general una persona lega, sin conocimientos jurídicos, es el abogado quien debe demostrar que la labor no pudo ser realizada por obstáculos imputables a su cliente. "El plazo para prescribir comienza cuando el interesado tiene posibilidad jurídica de ejercer su potestad, o sea, desde el día en que la acción pudo ejercitarse o el derecho hacerse valer; o desde que el crédito existe y puede ser exigido. El actor solo pudo ejercer su derecho al tomar conocimiento del daño que se le había provocado y ello tuvo lugar al solicitar el desarchivo de la causa y anoticiarse de que su pleito había finalizado por caducidad de instancia". Fue entonces condenada a abonar al reclamante una indemnización en concepto de daño moral, ello en virtud del padecimiento espiritual generado por la pérdida de la confianza y lealtad depositadas en el profesional.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil sala G
K. B. E. c/ L. E. d. l. Á. s/ Daños y perjuicios – Responsabilidad profesional abogados
CIJ (Centro de Información Judicial) Poder Judicial de la Nación
La licencia ambiental y su estabilidad como acto administrativo
Derecho Minero - Derecho Administrativo - Declaración de Impacto Ambiental - Ley 7722
La autora analiza la figura de la Declaración de Impacto Ambiental aplicada a la minería metalífera en el marco de su regulación por el Decreto 820/06. Profundiza su análisis como acto administrativo y las limitaciones que sufre por aplicación de la Ley provincial 7.722.
El Estado Nacional tiene la obligación impostergable de garantizar el derecho a la salud
Amparo - Derecho a la salud – Derecho a la vida - Discapacidad – Personas con discapacidad - Medicación – Responsabilidad del Estado
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Estado Nacional y confirmó un pronunciamiento de grado, por medio del cual se condenó a la Agencia Nacional de Discapacidad a cubrir la medicación en forma inmediata, ininterrumpida y gratuita, requerida por el actor, una persona con discapacidad. El proceso se originó a raíz de una acción de amparo que inició una persona ante el silencio de la Agencia Nacional de Discapacidad, luego de haber solicitado la provisión de la medicación que le había sido prescripta para el tratamiento de sus enfermedades crónicas. La Agencia Nacional de Discapacidad como demandada, se agravió por considerar que su responsabilidad se encontraba limitada a transferir recursos financieros a las distintas jurisdicciones y sostuvo que debía redirigir la acción contra el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, por entender que estaba a cargo de la provisión de la medicación solicitada. La demandada también cuestionó la vía de amparo para incoar el reclamo del actor. La Cámara señaló que cuando se trata de un amparo de los derechos fundamentales, como a la vida y la salud, corresponde a los jueces buscar soluciones concordantes a la urgencia de las pretensiones, evitando que el rigorismo formal frustre los derechos tutelados. Enfatizó que el derecho a la salud cuenta con abundante respaldo normativo en el bloque constitucional federal, especialmente consideró a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –con jerarquía constitucional- cuyo propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, de todas las personas con discapacidad. Se revela así que, el Estado Argentino tiene la obligación de establecer medidas de especial protección para las personas con discapacidad, asegurando su atención médica. La resolución concluye que la salud merece la máxima tutela y la autoridad pública tiene la obligación impostergable de garantizar el derecho a preservar la salud. Además, reconoció que la Agencia Nacional de Discapacidad es la autoridad de aplicación y debe coordinar con los Estados provinciales las acciones pertinentes, señalando que la descentralización no reduce de ninguna manera la responsabilidad del Estado y ello no es oponible al amparista, sin perjuicio del derecho que pueda tener la demandada frente a la jurisdicción local.
Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala V
D. G. A. c/ EN-M Salud de la Nación-Agencia Nacional de Discapacidad y Otro s/Amparo LEY 16.986
Panorama sobre los defectos en la fundamentación normativa: notas de jurisprudencia con hipervínculos a la base online
Derecho Constitucional - defectos en la fundamentación normativa - sentencia arbitraria - doctrina de la arbitrariedad - prescindencia de la ley - regulación de honorarios - secuela del juicio
La Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación presenta notas de jurisprudencia con enlaces a fallos online en el que se trata un panorama sobre los defectos en la fundamentación normativa. El Tribunal ha dicho que los jueces deben sujetar su actuación a la ley, razón por la cual no pueden asumir el rol de legislador para crear previsiones o excepciones no admitidas por este por convenientes, necesarias o valiosas que pudieran parecer a los magistrados. El incumplimiento del apego a las normas por parte de los jueces derivará en la descalificación de la sentencia en virtud de la doctrina de la arbitrariedad, que implica diversos supuestos que se desarrollan en esta edición. Entre esos supuestos, se enuncian los siguientes: exégesis irrazonable de la norma; prescindencia de la ley vigente; ausencia de fundamento normativo; aplicación de una norma que era para otro supuesto; omisión de aplicar la norma sin razón alguna; omisión de aplicar la norma sin declarar su inconstitucionalidad; vigencia de la ley en el tiempo (aplicación de una norma que todavía no estaba vigente y omisión de aplicar una norma ya vigente).
Secretaria de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Inconstitucionalidad del artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo
Aportes Previsionales – Retención de Aportes - Multas – Declaración de Inconstitucionalidad – Razonabilidad – Principio de Proporcionalidad
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la condena por indemnizaciones por despido y, en lo que es materia de agravio, mantuvo la condena al pago de la multa por retención de aportes prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), vigente al momento de los hechos. Para decidir de este modo rechazó el planteo de inconstitucionalidad del aludido art. 132 bis LCT. Contra tal decisión, la demandada dedujo el recurso extraordinario federal y la queja. La Corte revocó la sentencia apelada y declaró, para el caso, la inconstitucionalidad del art. 132 bis de la LCT. A tal fin, expresó que resulta requisito para la validez de una norma legal el de su razonabilidad, sin que quepa a los jueces arrogarse facultades para decidir sobre el mérito ni sobre la conveniencia del criterio adoptado por el legislador, en cuanto lo cuestionado al respecto no revista jerarquía constitucional. Que la irrazonabilidad de la aplicación a este caso concreto de la norma cuestionada – sostuvo el Tribunal - queda puesta de manifiesto, sin más, por la evidente falta de proporcionalidad entre la sanción y su finalidad de prevención o punición de la evasión fiscal, a poco que se repare en que por una deuda que ascendía a $ 11.406,21, se impuso una multa de $ 194.775, equivalente a 53 salarios mensuales de la actora y ello en el marco de una relación laboral que duró un año y ocho meses, desentendiéndose así el fallo de la realidad económica subyacente en la causa. Por lo demás, sostuvo la Corte, la aludida falta de proporcionalidad obedecía a la ausencia de previsión legal que posibilitase la graduación de la multa, tal como sí se preveía en otras leyes laborales que establecían agravamientos indemnizatorios (v.gr. art. 16 de la ley 24.013 o art. 2° de la ley 25.323), circunstancia a la que se suma la inexistencia de todo tope. Máxime cuando el incumplimiento oportuno de las obligaciones aquí involucradas ya tiene otras sanciones previstas en el régimen legal impositivo así como en el penal
Domínguez Yanina Vanesa c/ Muresco S.A. s/Despido