Por Rubén Fragapane.
Abogado por la UNCUyo, Profesor Adjunto efectivo a cargo de la Cátedra de Instituciones del Derecho, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCUYO. Asesor Letrado de la Oficina Técnica Previsional, Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, Gobierno de Mendoza.
Los locatarios de inmuebles destinados al comercio, cuyas actividades fueron impedidas inicialmente, con la declaración de pandemia, y habilitadas luego con importantes restricciones, se encuentran en serios inconvenientes para cumplir todas y cada una de las obligaciones que asumieron.
Se trata, sin duda alguna, de un evento especial, excepcional, extraordinario y singular que golpea a toda la sociedad. En ese marco, el autor considera que sería importante lograr acuerdos entre las partes contratantes y soluciones compatibles con la buena fe y la equidad, a la manera de la doctrina del “esfuerzo compartido”.
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