En el marco del cierre total o parcial de fronteras en el contexto de la pandemia, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a julio de 2020, al menos 2.75 millones de personas en el mundo se habrían visto imposibilitadas de regresar a sus países de origen o de residencia habitual; mientras que otros grupos de personas en situación de movilidad humana sufrieron los efectos directos de medidas de deportación, expulsión o similares, bajo regímenes acelerados.
En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa la situación de las familias que se han visto separadas en contextos de movilidad humana, las cuales se enfrentan a obstáculos sociales e institucionales para reunirse con sus familiares en otros países. Esto puede resultar en una separación prolongada que afecta negativamente la posibilidad de integración de las personas refugiadas y migrantes en los países de destino.